Imputada una alto cargo del PSOE de Rubalcaba por malversación y prevaricación de 1,2 millones de euros

María del Mar Villafranca, secretaria de Educación y Cultura de la Ejecutiva Federal del PSOE en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, será juzgada el próximo 9 de enero de 2003 por posibles irregularidad en adjudicaciones cuando ejercía como directora de la Alhambra de Granada. Además de a Villfranca, la Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha citado a otras tres personas más.

La adjudicación presuntamente irregular es la del servicio de audioguías en el monumento nazarí entre 2004 y 2015. Villafranca, que tuvo que dimitir en 2015 precisamente por este asunto -por el que ha llegado a estar detenida-, se sentará en el banquillo de los acusados junto a la exsecretaria general de la Alhambra, Victoria Eugenia Chamorro; al administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías y al exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José M.V. Todos ellos han sido procesados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros.

La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de prisión para Villafranca y la exsecretaria general del monumento. Para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías pide diez años de cárcel y multa de un millón de euros y para la empresa o persona jurídica Stendhall Museum Solutions, multa de 21.900 euros y su disolución.

El fiscal también solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al monumento en 1,2 millones de euros por los perjuicios económicos causados al Patronato de la Alhambra y Generalife. Esta cifra se elevaría en 258.169 euros más por los intereses devengados y no satisfechos hasta noviembre de 2018.

El perjuicio económico causado por la empresa Stendal Museum al Patronato sería consecuencia de los incumplimientos detectados en la ejecución del contrato de audioguías con el consentimiento y connivencia de las dos investigadas, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

La Junta de Andalucía está personada como acusación particular debido a los supuestos perjuicios ocasionados al monumento por este asunto entre 2004 y 2015. El PP también está personado como acusación popular y ha solicitado las mismas penas que la Fiscalía.

Persecición

María del Mar Villafranca ha defendido estos años que, durante su etapa de gestión, en el Patronato de la Alhambra se ha trabajado siempre «con rigor» y aplicando la ley, también en la adjudicación del servicio de audioguías del monumento, y que tanto ella como el resto de personas que han sido investigadas están sufriendo una «auténtica persecución».

«Me siento perseguida y víctima de esa persecución, lo mismo que una serie de funcionarios y empresarios en la Alhambra», señaló a los medios el 12 de junio de 2018 tras declarar ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que fue el encargado de instruir este caso.